De las 365 viviendas de déficit cifradas en Rapa Nui, el gobierno apuesta por darles solución durante su mandato a al menos 89 familias. Sin embargo, las complejidades en la isla son a veces incluso mayores que en el Chile continental debido a reivindicaciones territoriales.
La ocupación ilegal de tierras en la Isla de Pascua ha sido una problemática persistente durante años, lo que ha llevado a las autoridades encargadas de la distribución de terrenos a implementar estrategias para desalojar a aquellos que reclaman un derecho sobre tierras no asignadas y ha desembocado incluso en violentas peleas.
Mientras tanto, la espera de viviendas por parte de aquellos afectados por la escasez habitacional dificulta los esfuerzos del gobierno por alcanzar los objetivos del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este complejo escenario en Rapa Nui presenta un desafío para diversas instituciones locales y gubernamentales, que reconocen -en privado- la falta de una solución.
Según información del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), hasta la fecha son 20 las tomas ilegales en terreno fiscal que se registran en la Región de Valparaíso y un porcentaje de ellas corresponde a Rapa Nui, donde cuatro ya han sido desalojados y otros cinco se encuentran en proceso de recuperación. Esta situación, dicen, complica la correcta distribución de tierras y la entrega de soluciones habitacionales que llevan a cabo los órganos locales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Actualmente existe una demanda de 365 viviendas en la isla, donde la meta durante este mandato es darles solución al menos a 89 de esas familias. Hasta el momento se han asegurado algunos terrenos, uno de ellos de 16,3 hectáreas en una planta transmisora de estación costera de la Armada en Pu’o Hiro, pero con ciertas dificultades, precisamente, por las tomas.
Isla de Pascua: plan para enfrentar emergencia habitacional incluye desalojos de familias con hasta tres viviendas tomadas
“Las ocupaciones ilegales en la Isla de Pascua se producen entendiendo que no hay algún documento administrativo que las respalde o alguna solicitud de regularización de la ocupación”, explica la jefa de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Rapa Nui, Tiare Aguilera, que indica que en su gran mayoría son a través de demarcaciones perimetrales.
Cerca del 43% de las ocupaciones ilegales en la isla son en territorio insular, donde se ha identificado un porcentaje considerable en el Parque Nacional. Según estimaciones de la representante del MBN, “en su mayoría las tierras con objetivos sociales son ocupadas ilegalmente para segundas e incluso terceras viviendas por la misma población de Rapa Nui que ya poseen viviendas en Hanga Roa”, que es el sector más poblado de Isla de Pascua.
Este complejo panorama para las autoridades a cargo de definir la distribución de tierras llevó a crear la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa), entidad que promueve el desarrollo económico, social y cultural de la isla en colaboración con las instituciones y la comunidad, para la gestión de la tierra y los recursos.
Con esta comisión, compuesta por cinco integrantes, la Municipalidad de Isla de Pascua y el MBN, se realiza la administración de las tierras, que por obligación del Estado de Chile, a través de la “Ley Rapa Nui” mandatada en 2011, “reconoce los derechos de la comunidad sobre la tierra y los recursos naturales”.
Y así, con extremo cuidado, el MBN tiene que ir identificando los terrenos tomados, abordándolos caso a caso a través de un protocolo de ocupaciones ilegales respaldado por la Codeipa, donde se encuentran implementando urgentemente los desalojos de aquellos espacios públicos que pueden ser utilizados como soluciones habitacionales.
“Esperamos con el transcurso del año ir mejorando estos mecanismos, porque hay que ser cuidadosos de que no sea una reivindicación territorial. Por lo mismo, requerimos del respaldo de las autoridades locales para darles un fin comunitario a estas acciones”, afirma Aguilera, que acentúa en buscar otras medidas que no provoquen conflictos.
Pese a la disposición que refleja la autoridad representante del gobierno, lo cierto es que conocedores de la gestión indican que la solución para los territorios ya ocupados de forma ilegal tiene una difícil salida, principalmente por la tradicionalidad y pertenencia dentro de los sectores.
A pesar de esta situación, el avance del PEH es visto con buenos ojos por el ministro de Vivienda, Carlos Montes. “El compromiso por reducir el déficit de viviendas implica llegar hasta las zonas más remotas de Chile. Por ello, en colaboración con el Ministerio de Defensa y la Armada, el año pasado realizamos dos envíos de materiales para construir un total de 18 viviendas sociales en Rapa Nui, con pertinencia cultural y territorial”, indica.
Fuente: latercera.cl
